UPyD EN CATALUÑA MUESTRA SU MALESTAR POR LA PERSECUCIÓN
LINGÜÍSTICA QUE SUFREN ALGUNOS COMERCIANTES AL SER
MULTADOS POR ROTULAR EN CASTELLANO.
El 10 de Julio de 2.009, la Agencia catalana de consum notifica el inicio de un procedimiento sancionador a un empresario de Arenys de Mar.
´´per una presunta infracció de disciplina de mercat, d´acord amb l´article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), i amb l’ article 18.3 del decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d´aplicació i als ámbits de competencia de la Generalitat (DOGC 18727, de 29.11.1993)’’.
Mucho indicar la Ley aplicable, para terminar diciendo que gracias a una denuncia anónima enviada por correo electrónico el 5 de mayo de 2008, va a ser inspeccionado.
El día 13 de enero de 2009 se persona en el establecimiento un inspector de la Agencia Catalana de Consumo, para comprobar el cumplimiento de la normativa, y declara lo siguiente:
- En los vidrios exteriores se encuentran diversos carteles con información que no están redactados como mínimo en catalán.
- Que los contratos que se encuentran informatizados, no están redactados como mínimo en catalán.
En consecuencia de ello se formula el cargo:
Vulnerar los derechos lingüísticos que son reconocidos a los consumidores, dado que los documentos de oferta de servicios y los contratos no están redactados al menos en catalán.
Proponiéndose una sanción consistente en una multa de 1.200 euros.
En mi opinión, no se vulnera la Ley Fundamental por la que nos hemos de regir todos los españoles, que es la Constitución y que recoge lo siguiente en su artículo 3º:
“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Por consiguiente ningún ciudadano debería ser perseguido y multado por ejercer su libertad a utilizar un idioma u otro dentro de una comunidad bilingüe.
Todo ciudadano es libre de emplear nuestra lengua común, que es el castellano. Como venimos reiterando desde UPYD, este bilingüismo, basado en la libertad de elegir, es el que queremos defender.
En este caso concreto, esperamos que dentro del derecho a recurrir el procedimiento de forma legal, no quede este ciudadano en indefensión gracias a las concesiones otorgadas a los nacionalistas y que impregnan todos los aspectos de la política en Cataluña.
María Brosed Flores
Portavoz de UPyD en Cataluña
LINGÜÍSTICA QUE SUFREN ALGUNOS COMERCIANTES AL SER
MULTADOS POR ROTULAR EN CASTELLANO.
El 10 de Julio de 2.009, la Agencia catalana de consum notifica el inicio de un procedimiento sancionador a un empresario de Arenys de Mar.
´´per una presunta infracció de disciplina de mercat, d´acord amb l´article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), i amb l’ article 18.3 del decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d´aplicació i als ámbits de competencia de la Generalitat (DOGC 18727, de 29.11.1993)’’.
Mucho indicar la Ley aplicable, para terminar diciendo que gracias a una denuncia anónima enviada por correo electrónico el 5 de mayo de 2008, va a ser inspeccionado.
El día 13 de enero de 2009 se persona en el establecimiento un inspector de la Agencia Catalana de Consumo, para comprobar el cumplimiento de la normativa, y declara lo siguiente:
- En los vidrios exteriores se encuentran diversos carteles con información que no están redactados como mínimo en catalán.
- Que los contratos que se encuentran informatizados, no están redactados como mínimo en catalán.
En consecuencia de ello se formula el cargo:
Vulnerar los derechos lingüísticos que son reconocidos a los consumidores, dado que los documentos de oferta de servicios y los contratos no están redactados al menos en catalán.
Proponiéndose una sanción consistente en una multa de 1.200 euros.
En mi opinión, no se vulnera la Ley Fundamental por la que nos hemos de regir todos los españoles, que es la Constitución y que recoge lo siguiente en su artículo 3º:
“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Por consiguiente ningún ciudadano debería ser perseguido y multado por ejercer su libertad a utilizar un idioma u otro dentro de una comunidad bilingüe.
Todo ciudadano es libre de emplear nuestra lengua común, que es el castellano. Como venimos reiterando desde UPYD, este bilingüismo, basado en la libertad de elegir, es el que queremos defender.
En este caso concreto, esperamos que dentro del derecho a recurrir el procedimiento de forma legal, no quede este ciudadano en indefensión gracias a las concesiones otorgadas a los nacionalistas y que impregnan todos los aspectos de la política en Cataluña.
María Brosed Flores
Portavoz de UPyD en Cataluña
