CONSIDERACIONES SOBRE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Gobierno ha elaborado un nuevo modelo de financiación autonómica que hoy se someterá a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se espera que sea aprobado y en Cataluña los partidos políticos que conforman el tripartito se felicitan mutuamente por haber conseguido para Cataluña una financiación por encima de la media.
No es de recibo, que el sistema autonómico, esté condicionado por los acuerdos entre el PSOE y el PSC y por las presiones de ERC.
La financiación autonómica no debe ser un tema a tratar en reuniones bilaterales entre el Estado y cada una de las Autonomías, sino que por su relevancia, ha de ser acordado conjuntamente entre los representantes de todas las CCAA y del Estado.
El sistema de financiación autonómico, ha de beneficiar a todos los ciudadanos que residen en el Estado español, sin discriminación por razón del territorio.
La negociación de la financiación, no puede vulnerar los principios de igualdad y solidaridad establecidos por la Constitución Española en su articulado y para obviarlos no se puede recurrir a la modificación de los Estatutos de Autonomía para arrogarse competencias en el tema de financiación que deben estar atribuidas al Estado por disposición normativa.
ERC dice: ´´la negociación ha sido de gobierno a gobierno´´, realmente es lo que pretenden, desplegar el Estatut y desmarcarse cada vez más de España.
Es chocante también, el que Cataluña reciba recursos para su política lingüística, cuando a la vez se reniega del bilingüismo. Realmente esta partida se destinará a seguir imponiendo su idioma en perjuicio del castellano.
Parece ser que Cataluña, va a contar con una lluvia de recursos, desde Upyd Cataluña, esperamos que estos se dediquen a la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
El aumento de competencias fiscales propuesto, no va ligado a la mejora de la prestación de los servicios públicos, si se practica una política populista y de pactos.
Como ha manifestado Rosa Díez, no hacía falta otro modelo, sino revisar el actual.
Para garantizar un sistema de financiación justo, bastaba con hacer las correcciones necesarias en lo que a población se refiere.

María Brosed Flores
Portavoz de UPyD en Cataluña

CONTROL POLÍTICO Y NACIONALISMO ECONÓMICO

Sale adelante el Real Decreto ley que regula la reordenación del sistema financiero y se crea el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Se aprueba sin contar con el apoyo de las fuerzas nacionalistas que ven, en este decreto, una barrera a sus pretensiones de control territorial sobre las cajas.
UPyD también está en contra, pero por motivos muy diferentes.
Si las cajas de ahorros tienen un fin social, no pueden estar influidas por cuestiones políticas o territoriales.
No soy una experta en temas bancarios, pero creo que dentro de las medidas de regeneración democrática que propugna UPyD, cabe la idea de que es importante despolitizar unas entidades que además de administrar ahorro y pensiones, tienen un carácter social.
Al igual que pedimos tener una justicia independiente, es importante alejar a las cajas de ahorros del clientelismo político.
Desde luego, las fuerzas políticas nacionalistas, ven como algo peligroso que el Ministerio de Economía y el Banco de España, puedan ´´entrometerse´´ en sus asuntos. Como no podía ser de otra manera.
A ellos no les preocupa si las reformas son necesarias o no, solo les preocupa el que alguien puedan intervenir en ´´sus competencias´´ y en ´´sus cajas de ahorros´´.
Aquí mismo, en Cataluña, lo que más les quita el sueño, es que desde Madrid puedan mediar en alguna de las posibles fusiones.
Y les preocupa, casi más, el pensar en la posible fusión de una caja catalana con una que no lo sea.
Para eso ya tienen la Ley de cajas catalanas que deja bien atado estos procesos. Seguramente piensan en recurrir esta norma de reorganización del sistema financiero.
Cuando ellos quieren, una Ley es constitucional o puede dejar de serlo, según convenga a sus pretensiones secesionistas, solo hay que fijarse en la LEC.

María Brosed Flores
Portavoz de UPyD en Cataluña

LA LEY DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA

Ayer se aprobó la Ley de Educación de Cataluña en el Parlament. Miembros de UPyD, conjuntamente con otras asociaciones cívicas y fuerzas políticas, se manifestaron frente a las puertas del edificio parlamentario en contra de la aprobación de dicha normativa.
La LEC nace con espíritu de formar país. Se la ha dotado de un articulado tendente a disminuir las horas de enseñanza en el idioma castellano y a potenciar la utilización del catalán en el ámbito escolar.
Ahora bien, ¿esa ley garantiza a los ciudadanos residentes en Cataluña una mejor calidad de la enseñanza?
¿Garantiza a las personas el respeto a su idioma materno? ¿Protege los derechos de los ciudadanos amparados en la carta de los derechos del hombre y recogidos por el articulado de la Constitución Española?
Son cuestiones estas de vital importancia para las personas, porque son éstas las que tienen derechos y no las lenguas.
En Cataluña vivimos dentro del perímetro de una comunidad autónoma bilingüe y desde todos los ámbitos se debe respetar el derecho de que todo ciudadano se exprese, en cualquier lugar público o privado, en la lengua en que más cómodo y seguro se sienta al comunicarse con los demás, en la lengua materna que cada uno llevamos dentro y que nos ha sido transmitida por nuestros padres desde la más tierna infancia.
La Ley de Educación de Cataluña, no representa un peligro para la existencia del castellano. Se está demostrando que la lengua que une España con otros Estados iberoamericanos, se está extendiendo a países del resto del orbe que nada tienen que ver con nuestras raíces comunes, pero cuyos ciudadanos sienten la necesidad de comunicarse en un idioma que cada vez hablan más millones de personas.
Ya hay centros de enseñanza donde se enseña el castellano conjuntamente con el inglés en Estados Unidos. Y hay una prueba palpable de la pujanza del castellano a nivel mundial con la celebración del día del español. Y, en ese punto, le damos la razón al Presidente Zapatero cuando afirma que la fuerza de la lengua española es imparable.
No obstante, se equivoca al negar que se intente arrinconar el uso del castellano.
El problema de la ley (LEC), es que coarta derechos a las personas y eso sí que es una mutilación grave del sistema democrático. Recortar libertades a los ciudadanos, infringir derechos, crear discriminación y no fomentar la igualdad de oportunidades de las personas no deben ser las bases sobre las que se desarrolle una ley.

María Brosed Flores