Dada mi profesión, abogado en ejercicio, siempre he defendido el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sean o no favorables a los intereses del cliente ya que, precisamente, la decisión del juez es la que establece que derecho se ha vulnerado y que protección se le debe otorgar para reparar/restituir el perjuicio causado.
Considerando un deber el cumplimiento de las Sentencias, el Auto del TSJC que da dos meses al Gobierno de la Generalitat para que cumpla lo establecido en Sentencias judiciales dictadas, tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo, debe ser estrictamente acatado por el Gobierno catalán.
Las Sentencias son mandatos judiciales fundamentados en derecho y deben ser cumplidas tanto por particulares como por la administración. En ese respeto a la justicia tenemos uno de los pilares de nuestra democracia y sí se incumple ya no podemos hablar de igualdad en el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales, provocando fracturas en nuestro estado democrático.
Esta resolución lo que dispone es que la Administración, el Govern català, tiene un plazo de dos meses para restaurar un derecho que ha sido vulnerado por la práctica de la inmersión lingüística, el derecho a decidir libremente en qué lengua van a estudiar nuestros hijos.
Las resoluciones judiciales que están pendientes de aplicación priman la libertad de los ciudadanos que han acudido a la justicia por que consideraban vulnerado su derecho a comunicarse y a estudiar en una lengua determinada. No podemos considerar a las lenguas como titulares de derechos, sino a los propios ciudadanos y la ley ha de salvaguardar esos derechos.
Esta resolución ocupará tiempo y recursos a la Generalitat de Catalunya para defender su proyecto de inmersión lingüística, que es parte de un modelo de construcción identitaria, que prima las particularidades culturales y su ´´ fet diferencial´´.
Sin quitar importancia al hecho de que se debe cumplir y hacer cumplir tanto leyes como sentencias, pienso que mis inquietudes coinciden con las del resto de ciudadanos de Cataluña. Me preocupan los recortes en sanidad, educación, justicia, asuntos sociales y en tantas otras cosas, que nos hacen retroceder en nuestra calidad de vida.
Pero me temo que la Generalitat primará más la defensa de su ´´construcción nacional´´ que la persecución de la igualdad de derechos de todos los catalanes y el bienestar de éstos.
María Brosed
Considerando un deber el cumplimiento de las Sentencias, el Auto del TSJC que da dos meses al Gobierno de la Generalitat para que cumpla lo establecido en Sentencias judiciales dictadas, tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo, debe ser estrictamente acatado por el Gobierno catalán.
Las Sentencias son mandatos judiciales fundamentados en derecho y deben ser cumplidas tanto por particulares como por la administración. En ese respeto a la justicia tenemos uno de los pilares de nuestra democracia y sí se incumple ya no podemos hablar de igualdad en el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales, provocando fracturas en nuestro estado democrático.
Esta resolución lo que dispone es que la Administración, el Govern català, tiene un plazo de dos meses para restaurar un derecho que ha sido vulnerado por la práctica de la inmersión lingüística, el derecho a decidir libremente en qué lengua van a estudiar nuestros hijos.
Las resoluciones judiciales que están pendientes de aplicación priman la libertad de los ciudadanos que han acudido a la justicia por que consideraban vulnerado su derecho a comunicarse y a estudiar en una lengua determinada. No podemos considerar a las lenguas como titulares de derechos, sino a los propios ciudadanos y la ley ha de salvaguardar esos derechos.
Esta resolución ocupará tiempo y recursos a la Generalitat de Catalunya para defender su proyecto de inmersión lingüística, que es parte de un modelo de construcción identitaria, que prima las particularidades culturales y su ´´ fet diferencial´´.
Sin quitar importancia al hecho de que se debe cumplir y hacer cumplir tanto leyes como sentencias, pienso que mis inquietudes coinciden con las del resto de ciudadanos de Cataluña. Me preocupan los recortes en sanidad, educación, justicia, asuntos sociales y en tantas otras cosas, que nos hacen retroceder en nuestra calidad de vida.
Pero me temo que la Generalitat primará más la defensa de su ´´construcción nacional´´ que la persecución de la igualdad de derechos de todos los catalanes y el bienestar de éstos.
María Brosed
