jueves, 11 de marzo de 2010

El Parlament demostró ayer su inmunidad a la vida real

ABC.ES-BARCELONA. El Parlament demostró ayer su inmunidad a la vida real. En pleno debate sobre el caos generado por el temporal de nieve, la Cámara catalana vivió su particular maratón legislativo con la aprobación de cuatro proyectos legislativos de peso: la Ley de consultas populares, la de reforma de la Sindicatura de Cuentas, ya aprobadas, y el inicio del trámite legislativo de la Ley de veguerías y de creación del Área Metropolitana de Barcelona. Ajena a la batalla política desatada por el temporal, Girona resistía ayer como podía, en penumbra, sin calefacción y con la amenaza de la llegada de la noche más fría de la última década. Los efectos de la nevada histórica del lunes se cebaron en esta demarcación, donde ayer seguían sin suministro 50.000 abonados -unos 20.000 estarán aún hoy sin luz, según la Generalitat-.
Las carreteras catalanas fueron recobrando lentamente la normalidad. Los problemas más importantes se localizaron en la AP-7, en la Jonquera, donde el acceso por Francia permaneció cortado durante varias horas por trabajos de limpieza de la vía. En varias carreteras de Lleida fue imprescindible el uso de cadenas y en la C-32 a su paso por Palamòs (Girona) se registraron hasta 20 kilómetros de colas debido a la caída de cables eléctricos en la vía.
Por lo que respecta a escuelas y hospitales, la situación mejoró aunque más de 40.000 escolares siguieron ayer sin clases (98 escuelas cerraron por problemas en los accesos o falta de electricidad). En cuanto a hospitales, los problemas se localizaron en Girona. Un total de 15 ambulatorios y el Hospital de Blanes funcionaron ayer -48 horas después del temporal- con grupos electrógenos. Ante el caos de Girona, el Govern lanzó pelotas fuera y responsabilizó a Francia de los colapsos en la frontera, y a Endesa y REE de la caída del suministro.
Ir «con los deberes hechos» El tripartito tiene prisa por desarrollar legislativamente el Estatut para llegar a las elecciones con «los deberes hechos» y ayer era básico admitir a trámite los proyectos de ley de veguerías y del área metropolitana para tener opciones de aprobar ambos textos antes de que concluya este periodo de sesiones en junio. El caos generado por la nevada del lunes si centró la sesión de control al presidente de la Generalitat. Por lo menos, en lo que respecta a las preguntas de la oposición, porque el PSC aprovechó su turno para hablar de la próxima cumbre anti-crisis convocada por Montilla e ICV dedicó su tiempo a reclamar a la inspección de trabajo, ahora en manos de la Generalitat, que extreme el celo contra la economía sumergida y los trabajadores sin contrato.
Esquerra sí preguntó por la nevada, y brindó a Montilla la ocasión de afear a sus socios su oposición a la línea de alta tensión de Les Gavarres, clave en los problemas de servicio eléctrico en Girona. La portavoz republicana Anna Simó argumentó que los problemas de servicio eléctrico no se habían producido en la línea de alta tensión, pero Montilla no dejó escapar la oportunidad de dejar claro que «Girona es la única provincia de España que no tiene una red de 400 que garantice el servicio; con la MAT, no se habría dado esta situación». El President lanzó un último mensaje a sus socios de gobierno: «Cataluña no puede estar condicionada por las demandas individuales, necesitamos decisiones de conjunto, de país, porque un país de derechos sin deberes no es posible».

Sin embargo, el principal enfrentamiento se produjo, como era de esperar, con CiU, cuyo portavoz, Oriol Pujol, acusó al Govern de «no dar la talla». Ustedes, añadió Pujol, «hacen culpable al servicio meteorológico, a las eléctricas, a la gente, no van a hacer la más mínima autocrítica».
Pero la autocrítica de Montilla se quedó en nada. El president tenía un argumento de oro para rechazar las críticas de CiU, la gestión nacionalista de la nevada de 2001, y jugó a fondo esa carta. «No lo hemos hecho todo bien, pero hemos trabajado con todos los recursos disponibles y el Govern estaba donde debía» respondió a la ausencia de Artur Mas del puente de mando y al rechazo inicial a la intervención del Ejército.
ERC tiene su ley
El tripartito catalán impuso ayer su mayoría parlamentaria para aprobar una Ley de consultas populares que no satisface a nadie: insuficiente para CiU y los indpendentistas no adscritos a ERC e incendiaria para PP y Ciudadanos, que ve en ella el gérmen de un nuevo conflicto político en la próxima legislatura.
«El president Montilla es un chollo para el independentismo, hace todo lo que quiere ERC» concluyó Albert Rivera (C´s), quien advirtió que el texto aprobado ayer sólo servirá para generar un nuevo conflicto cuando la próxima legislatura el Parlament apruebe la celebración de un referendo de autodeterminación a instancias de ERC - presumiblemente CiU, a raíz de lo oído ayer- y el Congreso o el Gobierno tengan que denegarlo. «El independentismo cree que una mejora de la democracia es hacer consultas indepedentistas, pero la gran mayoría de los catalanes no somos independentistas», recriminó Rivera, quien acusó al tripartito de utilizar el Estado autonómico «como un kleenex», para conseguir la independencia de Cataluña. El líder de C´s denunció además la «hipocresía» republicana de otorgar derechos políticos a los inmigrantes en la Ley de consultas, pero negarles los derechos sociales desde ayuntamientos como el de Vic.
Las críticas de Rivera no hicieron más que añadir júbilo a la euforia republicana, que llenó de afines el palco de invitados de la Cámara autonómica y celebró con un sonoro aplauso la aprobación de la ley. Durante el debate, Esquerra dejó claro que su oponente en esta ocasión no era C´s ni el PP, sino Converg_ncia, que lucha por el espacio electoral soberanista con una propuesta que pretende legalizar las consultas no sometidas a aprobación estatal. «No jueguen a ser más nacionalistas que ERC cuando mantienen una calculada ambigüedad sobre las consultas, con la vista puesta en las elecciones», les recriminó el independentista Pere Aragonés.
Pero esa era, ni más ni menos, la postura defendida por la convergente Dolors Batalla. «Esta es una ley simbólica para recuperar la pátina nacionalista antes de las elecciones» recriminó a Esquerra. Para CiU, es ERC la que ha renunciado a sus principios en un ejercicio de «seguidismo del PSC», al regular los referendos sometidos a la aprobación estatal, como establece la Constitución.

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