Es evidente que tras los datos del mes de agosto, la situación de desempleo en nuestro país es un problema acuciante y que va cada día a peor. Las noticias que llenan continuamente los informativos y periódicos son cada vez más alarmantes.
Tengamos en cuenta que muchos empleos que se han creado con el plan de ayuda a los ayuntamientos, el famoso plan E, tienden a finalizar en un plazo de tiempo bastante corto. O sea se van a podar los brotes verdes.
Esa finalización de los contratos se va a traducir en más desempleo, pero lo que hay que tener en cuenta es que detrás de los números, detrás del frío nivel de una estadística, están las personas, las familias, los ciudadanos que residen en nuestro país.
Cada vez son más numerosas las familias que no llegan a final de mes, las que dependen de otros familiares para comer y las que están siendo atendidas por servicios sociales locales o comedores asistenciales para poder ingerir un plato de comida caliente al día.
El perfil de las personas que necesitan estas ayudas, se acerca cada vez más a la del ciudadano corriente, que queda en indefensión tras agotar su prestación por desempleo, y se aparta cada vez más de la imagen que todos tenemos del excluido social.
El número de expedientes de regulación de empleo ha crecido de forma desaforada en nuestro país, y especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Desde mi actividad profesional, presencio de primera mano el drama que representa para el trabajador el recibir comunicación por parte de la empresa del inicio de un ERE pactado entre sindicato y empresa y aprobado por el departamento de trabajo.
Es muy triste presenciar el drama social que supone el desempleo y darse cuenta de que las movilizaciones sociales no se están produciendo por ese motivo, sino por otras causas y batallas que para según quien, tendrán fines importantes, pero realmente pongo en duda que tengan mayor relevancia que el problema del paro.
Pero hay que reaccionar y solicitar que se revisen los modelos económicos, el mercado laboral, la predisposición de las entidades de crédito para otorgar liquidez a las empresas y autónomos. Hay que ser valientes y afrontar el problema no sólo dando ayudas a diestro y siniestro que sólo generarán deudas para nosotros y nuestros hijos. Hay que poner en el tapete medidas sensatas que generen creación de empleo para mejorar la situación económica.
Las soluciones a los problemas no sólo dependen del gobierno central, sino también de los diferentes gobiernos autonómicos que con sólo mirarse al ombligo y decir que el problema del paro depende del ejecutivo central, parecen no aceptar su parte de responsabilidad.
Ya que las Comunidades Autónomas gestionan una parte ingente de los recursos económicos que deben servir para financiar las herramientas que dan servicio al ciudadano, deben afrontar esta crisis con austeridad y sentido de la responsabilidad.
Por una parte, la clase política catalana no debe soliviantar a las masas con quimeras y especulaciones, y por otra, la ciudadanía debe movilizarse frente a los reales problemas sociales.
Tengamos en cuenta que muchos empleos que se han creado con el plan de ayuda a los ayuntamientos, el famoso plan E, tienden a finalizar en un plazo de tiempo bastante corto. O sea se van a podar los brotes verdes.
Esa finalización de los contratos se va a traducir en más desempleo, pero lo que hay que tener en cuenta es que detrás de los números, detrás del frío nivel de una estadística, están las personas, las familias, los ciudadanos que residen en nuestro país.
Cada vez son más numerosas las familias que no llegan a final de mes, las que dependen de otros familiares para comer y las que están siendo atendidas por servicios sociales locales o comedores asistenciales para poder ingerir un plato de comida caliente al día.
El perfil de las personas que necesitan estas ayudas, se acerca cada vez más a la del ciudadano corriente, que queda en indefensión tras agotar su prestación por desempleo, y se aparta cada vez más de la imagen que todos tenemos del excluido social.
El número de expedientes de regulación de empleo ha crecido de forma desaforada en nuestro país, y especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Desde mi actividad profesional, presencio de primera mano el drama que representa para el trabajador el recibir comunicación por parte de la empresa del inicio de un ERE pactado entre sindicato y empresa y aprobado por el departamento de trabajo.
Es muy triste presenciar el drama social que supone el desempleo y darse cuenta de que las movilizaciones sociales no se están produciendo por ese motivo, sino por otras causas y batallas que para según quien, tendrán fines importantes, pero realmente pongo en duda que tengan mayor relevancia que el problema del paro.
Pero hay que reaccionar y solicitar que se revisen los modelos económicos, el mercado laboral, la predisposición de las entidades de crédito para otorgar liquidez a las empresas y autónomos. Hay que ser valientes y afrontar el problema no sólo dando ayudas a diestro y siniestro que sólo generarán deudas para nosotros y nuestros hijos. Hay que poner en el tapete medidas sensatas que generen creación de empleo para mejorar la situación económica.
Las soluciones a los problemas no sólo dependen del gobierno central, sino también de los diferentes gobiernos autonómicos que con sólo mirarse al ombligo y decir que el problema del paro depende del ejecutivo central, parecen no aceptar su parte de responsabilidad.
Ya que las Comunidades Autónomas gestionan una parte ingente de los recursos económicos que deben servir para financiar las herramientas que dan servicio al ciudadano, deben afrontar esta crisis con austeridad y sentido de la responsabilidad.
Por una parte, la clase política catalana no debe soliviantar a las masas con quimeras y especulaciones, y por otra, la ciudadanía debe movilizarse frente a los reales problemas sociales.
MARÍA BROSED FLORES
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